Lo que acontece con la ley de medios, parcialmente desconocida por el monopolio con cautelares de la justicia, permite esta triste conclusión: el Poder Judicial, es el peor del grado. Y necesita cambios de fondo.

por Emilio Marín / La Arena


El Poder Judicial está en el ojo de la tormenta, sometido al escrutinio de buena parte de la población. A veces esa puesta bajo la lupa ocurrió porque habiendo un fallo de la Corte precisando los alcances de los abortos no punibles, aparecieron otros magistrados con interpretaciones distintas. Y así hubo una mujer violada a la que le negaron el derecho a abortar previsto por el Código Penal (y eso que no se trata de ninguna legislación progresista, pues el aborto legal, gratuito y en establecimientos públicos todavía es una utopía). Dicho sea de paso, Mauricio Macri hizo parte del trabajo sucio contra esa mujer hospitalizada en el Ramos Mejía, prácticamente sirviéndola en bandeja, al dar información sensible, para que las ONG la escracharan. Son entidades de dudosa humanidad, aunque se llamen Pro-Familia y Pro-Vida; deberían llamarse PRO.

Otras veces la justicia queda con las manos en la masa, como cuando a raíz del motín destituyente salió a la luz que las cúpulas de las fuerzas de seguridad habían contado con miles de fallos cautelares para inflar sus salarios. Los jefes habían logrado sueldos de 50.000, 60.000 y hasta 100.000 pesos, como el comandante Schenone, de Gendarmería, merced a estudios jurídicos y fallos de jueces de Río Gallegos (Santa Cruz) y Santo Tomé (Corrientes).

Ya lo dijo el Martín Fierro, “hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, porque siempre hay que tener un palenque ande rascarse”. Los grados medios y altos de las fuerzas de Seguridad no se sabe si leyeron a José Hernández, pero seguro que aprendieron ese verso. Es posible que esos fallos, lubricados por lazos de consanguinidad y relaciones políticas, no les hayan salido gratis. Podrían haberse cotizado a tanto per capita, según las cuotas litis de esa justicia de venda caída.

El gobierno deberá hacerse cargo de la parte que le toca en esta historia. En el motín de los uniformados, “se le escapó la tortuga”, según la brillante definición de Diego Maradona pensada para otro mundo, no de la política.

En los tribunales se han visto casos de camaristas como Alfredo Bisordi, que hasta 2007 presidía la Cámara de Casación Penal y que cajoneó varios años la causa de la ESMA. A la hora de huir hacia una jubilación de privilegio, cuando el movimiento de derechos humanos y el entonces presidente Néstor Kirchner decidieron emprender una contraofensiva, acabó como defensor de un ícono de la violación de esos derechos, como el subcomisario Luis A. Patti.

Hay que despejar un gran equívoco, luego de esas constataciones. La actual Corte Suprema sea muy superior a la bautizada como “Corte de los Milagros” o de la “mayoría automática” menemista. Eso es verdad. Pero no es menos cierto que el Poder Judicial, con todo, y dejando a salvo a numerosos jueces probos, es el más conservador de los tres pilares del Estado y tiene un claro sentido de clase no precisamente popular en sus doctrinas y fallos fundamentales. Para peor, actúa con la cuasi impunidad que le otorga la perpetuación en los cargos, sin elecciones ni revocatorias saldo casos puntuales. ¡Una reforma constitucional allí, que estudie la experiencia democrática de Bolivia! El viento los amontona

El gobierno no cedió al motín destituyente, donde lo único cierto era que sus salarios tenían altos componentes no remunerativos. Casi todo lo demás era falso. Sus ingresos no eran ni mejores ni peores que los de buena parte del universo de asalariados que esas fuerzas de seguridad suelen reprimir sin miramientos como cuando se corta la Panamericana frente a Kraft.

De resultas de la protesta se han blanqueado muchos, no todos esos ítems, y ahora el salario básico será de 5.396 pesos. Faltan unos cuantos pesos para llegar a un nivel de dignidad pero le sobran otros tantos para calificarlos “de hambre”. Muchos municipales del interior envidiarán esa suma, para no hablar de los jubilados que cobran la mínima.

Como consecuencia de esa dureza gubernamental y, combinado con las mejoras, el movimiento putchista se fue desinflando, no sin antes haberse dado una vuelta por Plaza de Mayo en un número reducido. Algunos cabecillas se imaginan yendo a ese paseo con la CTA de Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano, cuando éstas concreten un paro general.

Esa convocatoria sería antes de fin de año, según palabras de Micheli. Como ya estaba en el palco Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Sojera, si se confirman los dichos concurrencistas del suboficial Raúl Maza, pasado a disponibilidad, se irá llenando el cartón.

El viento de la oposición sistemática al gobierno los va amontonando a estos sectores y personajes, lo que no quiere decir que sumen a mucha gente. Por ejemplo, la movida de ATE y Camioneros no reunió el miércoles más de 20.000 personas, un número discreto teniendo en cuenta cuántos aparatos se anotaron en los papeles y el manijazo que les brindó Clarín.

Habrá que ver si en ese eventual paro nacional también confluyen otros partidos de la variopinta oposición, tales como el macrismo y el peronismo más conservador. Por ahora esa convergencia se ha dado a escala mucho menor, entre Macri y Eduardo Amadeo, entre Federico Pinedo y Patricia Bullrich, o entre algunos de éstos y el radical Oscar Aguad en el Consejo de la Magistratura.

Es difícil imaginar, pero no imposible, que todos puedan juntarse con Micheli-Moyano en un mismo palco. El que sí lo haría sin ruborizarse es el gobernador José M. de la Sota, que está buscando arrear lo que pueda del peronismo bonaerense. Tan falso como su sonrisa, el cordobés hace esos recorridos bajo el paraguas de promocionar el turismo a “La Docta”, cuando él está buscando un lugar bajo el sol en Balcarce 50. Por ahora Daniel Scioli y Sergio Massa siguen haciendo equilibrio en su relación con Cristina Fernández, apostando en contra de una reforma constitucional para frustrar una re-re. Sueñan con subir cada uno un escalón: Scioli de gobernador a presidente y Massa de intendente a gobernador. Como sea, ambos no estarán en el corto plazo en esas plazas de la oposición.

Y aunque vayan posteriormente, hay una enseñanza de las elecciones en Venezuela: un candidato único de la oposición no es garantía de nada. El 8 o el 10

El gobierno celebró el tercer aniversario de la sanción de esa ley, 26.522, con un acto en el Museo del Bicentenario, con Martín Sabbatella y la presidenta. Ambos pusieron de resalto que los dueños de medios de comunicación han comenzado los trámites ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA), con la excepción de Clarín.

Detallaron que hay 5.000 licencias audiovisuales, de las que 4.500 tienen 2.500 titulares. Las 500 licencias restantes se dividen en dos mitades: 250 están en manos de 25 firmas distintas y las otras 250 tienen un solo dueño, Clarinete.

Esa situación de hegemonía se mantiene, pese a que han transcurridos tres años desde la sanción de la norma legal. Esa vulneración fue posible entre otras cosas por la complicidad judicial.

Primero el juez Edmundo Carbone dictó la cautelar en beneficio del monopolio, respecto a los plazos para la cláusula antimonopólica del artículo 161, y luego se echó en brazos de la jubilación. Hubo demoras hasta que en mayo pasado una resolución de la Corte Suprema fijó el límite del 7 de diciembre para la cautelar.

Allí se abrieron dos interpretaciones: para el grupo empresario dominante ese día comenzaría, a lo sumo, un nuevo plazo de un año para la desinversión; para el gobierno ese día estarían fuera de la ley quienes sobrepasaran el número-techo de licencias. Hasta ese momento tenían plazo para presentar a la AFSCA un plan de readecuación, que Héctor Magnetto no piensa hacerlo.

Este interregno previo al 7-D ha sido de constantes peleas entre dos posiciones opuestas por el vértice. Magnetto impulsó por medio del camarista Ricardo Recondo la designación de un juez jubilado, Raúl Tettamanti, como subrogante del juzgado donde estaba Carbone y debe fallar en la controversia por el artículo 161. Esa designación fue irregular y el gobierno la denunció. Tettamanti renunció a esa designación porque dijo sentir “violencia moral”, a lo que el ministro de Justicia replicó que “violencia física” fue ejercida por la dictadura militar-cívica que designó al ahora jubilado.

Recondo y otro camarista resolvieron que ese juzgado sería atendido por un magistrado subrogante distinto una vez a la semana. A la vez, junto con Aguad y el resto de la oposición en el Consejo de la Magistratura, bloquean la designación de jueces que ya han rendido concursos.

Como le dijo la presidenta a Sabbatella en ese acto, el plazo real se cumplirá no el 8 de diciembre, que es feriado, sino el 10 de diciembre, día de los derechos humanos. Sea el 7, el 8 o el 10, ya está fijado el día D. Es una batalla política y legal que repercutirá en toda la región, casi como las elecciones venezolanas.

Aún ganando, hay que democratizar el Poder Judicial. Lo dicho: aprender de Bolivia donde los supremos son elegidos por voto general y duran 6 años, no reelegibles.
top